Inicio Destacadas Diputado Mulet (FREVS) exige programa de Gobierno Comunal a candidatos a Alcalde

Diputado Mulet (FREVS) exige programa de Gobierno Comunal a candidatos a Alcalde

A juicio del parlamentario, su proyecto busca que “tal como deberán hacerlo los gobernadores regionales, los alcaldes deben transparentar lo que buscarán hacer en las distintas materiales más importante para la comuna que los elegirá, y así la ciudadanía podrá cobrarles la palabra”.

El diputado por la región de Atacama, Jaime Mulet (FREVS), presentó un proyecto de ley para establecer la exigencia de presentar un programa de gobierno comunal a todas las candidatas y los candidatos a Alcalde en las próximas elecciones municipales.

Según explicó el parlamentario, “hay muchos candidatos a alcaldes que se presentan en las elecciones y que van sin programa, y por ende muchas veces son electos por una serie de razones – porque son carismáticos, porque pertenecen a tal o cual partido o porque salen en la tele – dejando a la ciudadanía en total desconocimiento por ejemplo de cuál es la propuesta del candidato a alcalde en materia ambiental, o de planificación urbana y territorial, en materia de transporte, deporte, de prevención del delito, todas las materias son muy importantes y un candidato a alcalde debe tener una propuesta aunque sea muy simple, pero para conocer y para que la ciudadanía pueda elegir con contenido, pues a nuestro juicio lo importante es qué propone, pues eso también va a servir para que a los candidatos o candidatas que son electos, luego la ciudadanía pueda revisar si cumplen o no sus compromisos”.

“Por eso es que hemos presentado este proyecto, porque creemos que los alcaldes que inciden directamente en nuestra vida, en el día a día, hagan su candidatura pero con una propuesta, vale decir, al inscribir su candidatura inscriban también un programa de gobierno comunal, y nos permitan a los votantes ver las cosas de fondo, y luego en el ejercicio saber si cumplió o no con lo comprometido”.

Finalmente, Mulet recalcó que el proyecto de ley, presentado junto al diputado independiente Pepe Auth y que contó con un apoyo parlamentario transversal, busca en definitiva extender a los alcaldes, la exigencia legal vigente hoy para candidatos y candidatas a la Presidencia de la República y también a la Gobernación Regional, cargos electos de carácter ejecutivo, al igual que las Alcaldías.

Proyecto que Exige a Los Candidatos a Alcalde la Presentación de un Programa de Gobierno Comunal al momento de Inscribir su Candidatura

Los Municipios son servicios públicos constituidos como entes autónomos, con importantes atribuciones entregadas por la Ley 18.695 Orgánica de Municipalidades, atribuciones establecidas para realizar su cometido, cual es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de cada territorio local.

Como organismos constitucionalmente autónomos, no forman parte del gobierno y, por lo tanto, cada municipio determina sus propios lineamientos políticos a través de los cuales orienta su administración interna fijando la importancia que da a cada área en la distribución de los recursos del presupuesto municipal, que se discute y aprueba anualmente por el concejo municipal. Este presupuesto tiene por finalidad solucionar las contingencias del día a día de los habitantes de su territorio, dando respuesta a los problemas más inmediatos que tienen los ciudadanos, como transporte, seguridad, aseo, recreación, vialidad, etcétera. 

El municipio constituye, entonces, un ente fundamental en la organización del Estado y se encuentra provisto de importantes herramientas para generar políticas locales que, en muchos casos, tienen la capacidad de mejorar de manera inmediata la calidad de vida de las personas en ámbitos tan esenciales como la salud, el transporte, la educación y otros, “todo lo cual lo había advertido acertadamente Montesquieu, quien en el siglo XVIII, a raíz de su estadía en los Estados Unidos de América, llegó a afirmar que los municipios eran la escuela de aprendizaje de la democracia.”[1]

En años recientes, este Congreso ha aprobado diversas normas que promueven la participación democrática junto con fortalecer la probidad y la transparencia en el ejercicio de la función pública, obligando, entre otras cosas, a los candidatos a presidentes y gobernadores regionales a presentar programas de gobierno en los cuales expliciten sus principales propuestas y proyectos para el país y para la región, respectivamente.

Tal como señalamos, por medio de la introducción de la Ley 20.900 de 2016 se estableció la obligación para los candidatos a presidentes de la república para que junto con la presentación de su candidatura presentar un programa de gobierno en el cual se indiquen las principales acciones, iniciativas y proyectos que se pretenden desarrollar durante su gestión. La misma obligación se estableció a nivel regional, para los candidatos a gobernador regional, por medio de la Ley 21.703 de 2018.       El objetivo perseguido en ambos casos podría resumirse en la necesidad de dar inicio “a un nuevo ciclo de candidaturas más responsables, comprometidas y de campaña de ideas”[2] que promueva las propuestas programáticas de los partidos y sus candidaturas, favoreciendo la transparencia necesaria en las ideas y planteamientos políticos, para así mejorar nuestra democracia, desincentivando opciones basadas más en el carisma de los candidatos que en lo que proponen hacer desde el cargo al que aspiran.

No existe ninguna razón para no aplicar el mismo principio a las elecciones locales, considerando especialmente el amplio margen de potestades discrecionales y competencias administrativas y financieras que tienen los alcaldes en su territorio local, pues, es dable considerar que, si bien la presentación del programa constituye una obligación para los candidatos, el nuevo orden institucional generado a partir de la discusión de la Ley 20.900 en nuestro país, ha transformado estos nuevos estándares de “transparencia electoral” en un verdadero derecho para los ciudadanos. Si cada ciudadano elector tiene el derecho a conocer las ideas y propuestas de candidatos y candidatas a la Presidencia de la República y a la Gobernación Regional, por la misma razón debiese tener derecho a conocer los planteamientos que lo afectarán de manera inmediata, sea directamente o en su entorno.

Por esa razón, proponemos modificar la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, para efectos de incorporar la obligación de los candidatas y candidatos a Alcalde de acompañar, junto a su declaración de candidatura, un programa de gobierno comunal que señale las principales acciones, iniciativas y proyectos que se pretenden desarrollar durante su gestión en las áreas más relevantes de la competencia municipal y que aparecen descritas en su mayoría en el artículo 4° de la Ley Orgánica de Municipalidades, tales como: La educación y la cultura;  la salud pública y la protección del medio ambiente; la promoción de la igualdad de género; la capacitación, la promoción del empleo y el fomento productivo; eEl turismo, el deporte  y la recreación, etc..

En virtud de las consideraciones expuestas, venimos en presentar el siguiente 

PROYECTO DE LEY

Artículo Único: Agréguese el siguiente inciso tercero al art. 107° del D.F.L. 1 de 2006 del Ministerio del Interior que fija el texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley 18.695, “Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades”.

Junto con la declaración de candidatura indicada en los incisos anteriores, todo candidato o candidata deberá acompañar un programa de gobierno comunal, en el cual describa las principales acciones, iniciativas y proyectos que pretende realizar durante su gestión. Dicho programa deberá incluir, a lo menos, las siguientes materias:  La educación y la cultura;  La salud pública y la protección del medio ambiente;  La asistencia social y jurídica; La capacitación, la promoción del empleo y el fomento productivo; El turismo, el deporte  y la recreación;  La urbanización y la vialidad urbana y/o rural; El derecho a la vivienda digna; El transporte y tránsito públicos;  El desarrollo de acciones de prevención social y situacional; La adopción de medidas en el ámbito de la seguridad pública a nivel comunal; La promoción de la igualdad de  oportunidades entre hombres y mujeres; y, La promoción de los derechos humanos. 

PEPE AUTH                                               JAIME MULET

 [1] Richard, José Fernández  Rev. “La administración del Estado y las municipalidades en Chile” Revista IUS vol.7 no.32 Puebla. Julio-Diciembre 2013

[2] Historia de la Ley 20.900. Tercer Trámite Constitucional. Pag. 14. Disponible en: https://www.bcn.cl/historiadelaley/fileadmin/file_ley/4915/HLD_4915_6c03e16ffaee75195179aa7abee7105f.pdf

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