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Regionalistas exigen al gobierno considerar sus propuestas para ir en ayuda de Transportistas Escolares y Taxis Colectivos

Los diputados Mulet y Velasquez (FRVS) hace semanas que presentaron proyectos para prorrogar el pago del permiso de circulación y la fecha renovación de taxis colectivos y del transporte escolar, así como solicitar al Ministerio de Salud, contratar dichos vehículos para el transporte de personal de salud, sin haber sido considerados por la autoridad.

Los diputados de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet y Esteban Velásquez, salieron a respaldar el llamado de ayuda al gobierno que realizaron los transportistas escolares, quienes ya cumplen ocho meses sin trabajar, para poder enfrentar hoy la crisis sanitaria del COVID-19.

Son más de 46 mil personas a lo largo del país, para quienes  el decreto del Ministerio de Transporte que amplía el giro de sus servicios, no es suficiente y que requieren una ayuda desde el Estado “que se podría canalizar desde subsidios».

Al respecto, el diputado por la región de Atacama, Jaime Mulet señaló que “vemos cómo los trasportistas escolares hoy día piden un salvavidas, cuestión que nosotros venimos planteando hace semanas, sino meses, desde que empezó esto. Ellos fueron, con la suspensión de clases, de los primeros en quedar sin fuentes de trabajo, algunos han tenido que reinventarse, pero no todos han tenido esa oportunidad”.

“Desde Atacama y desde Antofagasta, principalmente junto al diputado Esteban Velásquez hemos levantado proyectos de resolución, uno para prorrogar el permiso de circulación y la fecha de renovación de taxis y transporte escolar, y otro para que el Ministerio de Salud los contrate para el traslado de personal de salud, pero como tantos otros proyectos, principalmente si son mociones de parlamentarios de Oposición, lamentablemente este Gobierno no recibe, no escucha, dudo que lea y nos encontramos hoy acá con la realidad inevitable, porque el Gobierno no ha querido incluirlos en sus medidas, no ha querido escuchar las propuestas que le hemos hecho de manera responsable y a tiempo y hoy tenemos esta realidad que nos explota en la cara”.

El parlamentario, se refiere a dos proyectos de resolución – dado que todas las modificaciones que incluyan gasto fiscal son de exclusiva iniciativa del Presidente de la República – que fueron presentados por la Bancada Regionalista, a principios de mayo y que ya se encuentran aprobados por la Cámara de Diputados, en los cuales, en el primero, de autoría del propio Jaime Mulet, solicitan al Presidente de la República el envío de un proyecto de ley al Congreso Nacional, con el objeto de prorrogar la fecha en que deben renovarse los permisos de circulación correspondientes a taxis colectivos y transporte escolar. Y en el segundo, de autoría de Esteban Velásquez, solicitan al Ministerio de Salud, a la Subsecretaría de Salud Pública, a la Subsecretaría de Redes Asistenciales y a los Servicios de Salud del país, formular una política que permita financiar la contratación de servicios de transporte para el traslado de personal del área de la salud, desde sus domicilios a sus respectivos puestos de trabajo, “a fin de darles una nueva fuente de ingreso a los miles de transportistas escolares que tienen sus vehículos parados y necesitan trabajar para mantener sus familias”.

Finalmente, el diputado por Antofagasta, Esteban Velásquez, señaló que “son cientos de trabajadores y trabajadoras independientes que tienen su sustento familiar con este negocio del transporte escolar, que están sin trabajo, pasándolo mal. Ojalá este llamado sirva para que el Gobierno se dé cuenta que los abandonó, que los olvidó, ojalá consideren las propuestas que le hemos hecho y se tomen medidas, porque son chilenos y chilenas que están pasando hambre, pese a que el Gobierno no le gusta reconocer que esa realidad existe”, concluyó.

Proyecto de resolución por el cual se solicita al Ministerio de Salud, sus Subsecretarías, y a los Servicios de Salud del país que elaboren una política que permita financiar la adquisición de servicios del transporte escolar para el traslado del personal de salud

Visto:

  1. Lo dispuesto en los artículos 1°, numeral 13 y 114 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Considerando:

  1. Que el mundo atraviesa por una difícil situación sanitaria y económica derivada del denominado coronavirus, la cual ha contagiado a más de un millón de personas en países alrededor del mundo, y dejando otros tantos miles de muertos a su paso. Dicha pandemia ya presente en nuestro país, tiene a la fecha 10.507 casos de personas contagiadas[1] y se espera que la propagación continúe aumentando en los próximos días.

 

  1. Que asimismo, Para estos efectos, S.E., el Presidente de la República, de conformidad al artículo 41 de la Constitución Política de la República, decretó estado de catástrofe en el país por calamidad pública, con la finalidad de premunirse de las herramientas jurídicas previstas en la Carta Fundamental, y en la Ley Orgánica Constitucional de Estados de Excepción.

 

En efecto, según se lee en el Decreto Nº 104 de 18 de marzo de 2020 de S.E., el Presidente de la República, que declaró dicho estado de excepción constitucional “1º Que, como es de público conocimiento, a partir del mes de diciembre de 2019, hasta la fecha se ha producido un brote mundial del virus denominado coronavirus-2 del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2) que produce la enfermedad del coronavirus 2019 o COVID-19.

  1. Que, con fecha 30 de enero de 2020, el Director General de la Organización Mundial de la Salud, en adelante OMS, declaró que el brote de COVID-19 constituye una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII), de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento Sanitario Internacional, aprobado en nuestro país por el decreto Nº 230, de 2008, del Ministerio de Relaciones Exteriores.
  1. Que, el 5 de febrero de 2020, el Ministerio de Salud dictó el decreto Nº 4, de 2020, que decreta Alerta Sanitaria por el período que se señala y otorga facultades extraordinarias que indica por Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por brote del nuevo coronavirus (2019-NCOV). Dicho decreto fue modificado por el decreto Nº 6, de 2020, del Ministerio de Salud.
  1. Que, el 28 de febrero de 2020, la OMS elevó el riesgo internacional de propagación del coronavirus COVID-19 de “alto” a “muy alto”.
  1. Que, el 11 de marzo de 2020 la OMS concluyó que el COVID-19 puede considerarse como una pandemia”.

Por su parte, el Ministerio de Salud ha decretado alerta sanitaria, lo que le permite  disponer de un amplio abanico de medidas posibles de adoptar para dar protección a la población.

  1. Que atendida la emergencia sanitaria que afecta al mundo y a nuestro país, las medidas adoptadas por los distintos Estados del mundo, particularmente las referidas al aislamiento domiciliario y cuarentenas obligatorias, han tenido un efecto importante en la economía mundial, afectando el crecimiento económico de todos los países del globo, los mercados financieros, y el empleo, puesto que diversos oficios no pueden ser ejercidos sino con una libertad plena de desplazamiento.
  1. Que este deterioro económico provoca en lo inmediato una falta de liquidez en las familias chilenas, toda vez que numerosos empleos están amenazados, y miles de micro y pequeñas empresas no tienen los ingresos mensuales que les permiten subsistir.

Según el propio Banco Central “El escenario macroeconómico que enfrenta la economía chilena ha tenido un rápido y significativo deterioro producto de la expansión global del COVID-19 y las turbulencias financieras asociadas, lo que está afectando negativamente a la economía, impactando a hogares y empresas. En respuesta a estos desarrollos, diversos bancos centrales han adelantado sus decisiones de política monetaria y han anunciado una serie de medidas complementarias destinadas a facilitar la provisión de liquidez y el normal funcionamiento de los mercados de crédito.

Si bien las cifras económicas en Chile aún no incorporan los efectos de estas disrupciones, el ritmo de avance de la enfermedad en el país, las medidas sanitarias ya adoptadas por la autoridad, junto con la revisión de lo que está sucediendo en otros países, sugieren que los impactos en las ventas y flujos de caja de las empresas afectadas podrían ser significativos, en particular para pequeñas y medianas empresas”[2].

  1. Que adicionalmente a todo lo mencionado se suma el hecho que el Ministerio de Educación tempranamente tomó la decisión de suspender las clases en todos los establecimientos educacionales, desde el 13 de marzo, medida que se ha anunciado que se prorrogará durante todo el mes de abril.

En efecto, según se lee en comunicado de dicha Secretaría de Estado: “Hoy el Ministro de Educación, Raúl Figueroa, anunció que los niños, niñas y jóvenes no retornarán de forma presencial a sus jardines infantiles, colegios o liceos hasta al menos el 24 de abril. “Se ha resuelto extender la suspensión de clases por dos semanas más (desde lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril), y anticipar las vacaciones de invierno (entre el lunes 13 al viernes 24 de abril), de esta forma durante casi todo el mes de abril no habrá clases en los jardines infantiles y en los establecimientos educacionales”, señaló el ministro Figueroa. Junto con ello, el período regular del año escolar se extenderá hasta fines de diciembre. Estas medidas “apuntan en la dirección adecuada de resguardar la salud de todos los chilenos, y asegurar que estas medidas sanitarias no afecten en demasía los aprendizajes de nuestros niños y jóvenes”, agregó el secretario de Estado”[3].

  1. Que esta suspensión ha tenido como consecuencia inmediata que los servicios de transporte escolar hayan visto totalmente paralizada su actividad, sin percibir ingresos durante todo el tiempo en que los estudiantes no han asistido a los colegios. Cabe mencionar que esta actividad genera un importante número de puestos de trabajo, por lo que mientras se mantenga la suspensión de clases, el desempleo de estas personas provocará un relevante detrimento de los ingresos de sus familias. Es por lo anterior que le corresponde al Gobierno buscar alternativas que permitan solventar la situación de estos trabajadores.
  1. Que la situación económica del país requiere que se adopten medidas desde todos los Ministerios para generar políticas económicas contracíclicas, aprovechando los recursos fiscales no sólo para cumplir de manera continua y regular los servicios públicos que le ha encargado la ley, sino que además, para auxiliar económicamente a quienes hoy no tienen ingresos para mantener sus familias.
  1. Que en este estado de cosas, se propone que se instruya desde el Ministerio de Salud a las Subsecretarías de Salud Pública, a la Subsecretaria de Redes Asistenciales, y a los Servicios de Salud del país, que coordinen la adopción de una política que permita adquirir los servicios de conductores del transporte escolar para el traslado del personal de salud, mientras dure la pandemia del coronavirus. Esto tendría un doble efecto virtuoso: por una parte, se permitiría que el personal de salud se traslade en forma segura, sin necesidad de utilizar el transporte público, y además, permitiría darle liquidez a los conductores de transporte escolar, mientras estén suspendidas las clases.
  1. Que atendida la emergencia sanitaria que afecta al mundo y a nuestro país, los Estados deben adoptar todas las medidas que permitan resguardar la vida y la salud de la población, minimizando todos los potenciales riesgos que existan.
  1. Que la finalidad del Estado es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece.

Asimismo, constituye un deber del Estado el resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional, todo lo anterior, en conformidad al artículo 1º de la Constitución Política de la República. En consecuencia, estos deberes deben impulsar al Estado a incrementar sus esfuerzos para ir en ayuda de los más necesitados de nuestra sociedad, y contribuir para que todos puedan sobrellevar esta crisis de una mejor manera. 

POR TANTO, en virtud de lo expuesto, 

Los diputados que suscriben vienen a presentar el siguiente:

Proyecto de resolución

La Honorable Cámara de Diputados resuelve solicitar al Ministerio de Salud, a la Subsecretaría de Salud Pública, a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, y a los Servicios de Salud del país que formulen una política que permita financiar la adquisición de servicios de transporte para trasladar al personal de salud desde sus domicilios a sus puestos de trabajo, y viceversa, cuyos proveedores sean los conductores del transporte escolar, debidamente acreditados, con la finalidad de contribuir a la seguridad e integridad de los primeros, y la suficiencia económica de los segundos.

   René Alinco    Diputado

   Jaime Mulet     Diputado                

Alejandra Sepúlveda  Diputada 

Esteban Velásquez  Diputado                         

 

Proyecto de resolución por el cual se solicita a S.E. el Presidente de la República prorrogar el pago del permiso de circulación y la fecha renovación de taxis y del transporte escolar

Visto:

  1. Lo dispuesto en los artículos 1°, numeral 13 y 114 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Considerando:

  1. Que el mundo atraviesa por una difícil situación sanitaria y económica derivada del denominado coronavirus, la cual ha infectado a millones de personas en países alrededor del mundo, dejando otros tantos miles de muertos a su paso. Dicha pandemia ya presente en nuestro país, ya tiene a la fecha 30.063 casos de personas contagiadas[1], cifra que ha ido aumentando de manera preocupante en los últimos días.
  1. Que atendida la emergencia sanitaria que afecta al mundo y a nuestro país, las medidas adoptadas por los distintos Estados del mundo, particularmente las referidas al aislamiento domiciliario y cuarentenas obligatorias, han tenido un efecto importante en la economía mundial, afectando el crecimiento económico de todos los países del globo, los mercados financieros, y el empleo, puesto que diversos oficios no pueden ser ejercidos sino con una libertad plena de desplazamiento.
  1. Que este deterioro económico provoca en lo inmediato una falta de liquidez en las familias chilenas, toda vez que numerosos empleos están amenazados, y miles de micro y pequeñas empresas no tienen los ingresos mensuales que les permiten subsistir.

Según el propio Banco Central “El escenario macroeconómico que enfrenta la economía chilena ha tenido un rápido y significativo deterioro producto de la expansión global del COVID-19 y las turbulencias financieras asociadas, lo que está afectando negativamente a la economía, impactando a hogares y empresas. En respuesta a estos desarrollos, diversos bancos centrales han adelantado sus decisiones de política monetaria y han anunciado una serie de medidas complementarias destinadas a facilitar la provisión de liquidez y el normal funcionamiento de los mercados de crédito.

Si bien las cifras económicas en Chile aún no incorporan los efectos de estas disrupciones, el ritmo de avance de la enfermedad en el país, las medidas sanitarias ya adoptadas por la autoridad, junto con la revisión de lo que está sucediendo en otros países, sugieren que los impactos en las ventas y flujos de caja de las empresas afectadas podrían ser significativos, en particular para pequeñas y medianas empresas”[2].

  1. Que como es de público conocimiento, los vehículos deben renovar su permiso de circulación todos los años, según prescribe el Decreto Ley de Rentas Municipales. A propósito de la crisis del coronavirus, el Congreso Nacional despachó la ley n° 21.223 que prorrogó el plazo para la renovación de los permisos de circulación, pero únicamente aquellos cuya fecha de renovación recaía en el 31 de marzo, y que están establecidos en el numeral 1 del inciso primero del artículo 15 del Decreto Ley de Rentas Municipales, esto es, “A los automóviles particulares, automóviles de alquiler de lujo, automóviles de turismo o de servicios especiales, station wagons, furgones, ambulancias, carrozas fúnebres – automóviles, camionetas, triciclos motorizados de carga y motocicletas” y a los “Carros y remolques para acoplar a vehículos motorizados, hasta 1.750 kilogramos de capacidad de carga, media unidad”. De esta manera, no se ha regulado la situación de los taxis colectivos, cuya renovación corresponde efectuarla, como máximo, al 31 de mayo de cada año.
  1. Que, asimismo, los taxis y el transporte escolar deben ser renovados cada cierto número de años desde que están en circulación, lo que implica una carga económica importante para los conductores que se dedican a esta actividad una vez que se cumple dicho plazo.

Al respecto, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, para el caso de taxis colectivos de servicios urbanos, y taxis colectivos servicios rurales e interurbanos, ha normado el asunto en el Decreto 212 del año 1992, que regula el servicio nacional de transporte público de pasajeros. Este decreto establece requisitos para prestar servicios de taxis, entre otros, que deben “h) tener antigüedad de fabricación o modelo no superior a 12 años, entendiéndose por año de modelo o fabricación el anotado en el Registro de Vehículos Motorizados. Esta exigencia no regirá para los vehículos inscritos en cualquier Registro Regional distinto al de la Región Metropolitana, los cuales podrán extender su antigüedad hasta los 15 años, siempre que a contar del año trece realicen y aprueben revisiones técnicas cada cuatro meses. El cumplimiento de los requisitos anteriores, en relación con cada una de las modalidades de servicio de taxis, será verificado por las plantas revisoras habilitadas para efectuar la revisión técnica de los taxis, lo que deberá constar en el correspondiente certificado de revisión técnica” (artículo 73).

Asimismo, el artículo 74 que dispone que: “Las Municipalidades no podrán renovar el permiso de circulación de los taxis que tengan una antigüedad superior a 12 años en la Región Metropolitana y a 15 años en el resto de las regiones, salvo que se acredite con certificados del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que están adscritos a servicios de carácter internacional”.

Para el caso del transporte escolar, el asunto es regulado por el Decreto 38 de 1992 en su artículo 10, que distingue los años de antigüedad del vehículo dependiendo del tamaño y la región, fluctuando entre 16 y 22 años.

  1. Que atendida la situación económica descrita causada por el coronavirus, es del caso que estas obligaciones pueden resultar muy difícil de cumplir para cientos de conductores de taxis y de transportes escolares, teniendo además la consecuencia adversa de dejar de prestar el servicio por el cual reciben ingresos para su subsistencia, sea porque no cuentan con el permiso de circulación al día, o bien, porque no han renovado su vehículo en las fechas que correspondan.
  1. Que a ello se debe añadir la precaria situación de empleo de los conductores de taxis y del transporte escolar, dadas las graves consecuencias económicas del COVID-19. De esta manera, es desproporcionado exigirles a quienes les correspondía efectuar una renovación de su automóvil cumplir con esta obligación, toda vez que nos enfrentamos a circunstancias del todo excepcionales. Asimismo, esta misma situación económica complejiza el oportuno pago del permiso de circulación, debiendo arbitrarse medidas que permitan su prórroga, tal cual se hizo con los vehículos de tránsito común.
  1. Que por lo anterior, los diputados que suscriben el presente proyecto, estiman que una buena forma de aliviar esta carga es prorrogar la fecha en que debe renovarse el permiso de circulación, como asimismo, aquella que corresponda para la renovación de los vehículos cuyo vencimiento coincidía con este año, de tal manera que pueda cumplirse con estas exigencias, una vez que la emergencia sanitaria ya haya pasado. En el caso de la renovación de los vehículos, atendido que la obligación mencionada consta en un Decreto Supremo, bastaría que el Poder Ejecutivo dictara una norma transitoria, suspendiendo esta exigencia por el año 2020.
  1. Que la finalidad del Estado es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece.

Asimismo, constituye un deber del Estado el resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional, todo lo anterior, en conformidad al artículo 1º de la Constitución Política de la República. En consecuencia, estos deberes deben impulsar al Estado a incrementar sus esfuerzos para ir en ayuda de los más necesitados de nuestra sociedad, y contribuir para que todos puedan sobrellevar esta crisis de una mejor manera. Este proyecto solicita que justamente se tenga a la vista la precaria situación de los conductores de taxis y del transporte escolar, de tal manera de proveer de una asistencia concreta, como lo es la prórroga en el permiso de circulación y en la renovación de los vehículos. 

POR TANTO, en virtud de lo expuesto, 

Los diputados que suscriben vienen a presentar el siguiente:

Proyecto de resolución

La Honorable Cámara de Diputados resuelve solicitar a S.E. el Presidente de la República que:

  1. Inicie la tramitación de un proyecto de ley que tenga por objeto la prórroga de la fecha en que deben renovarse los permisos de circulación correspondientes a taxis colectivos y transporte escolar, esto es, al 31 de mayo, solicitando que la prórroga sea homóloga a lo que dispuso la ley n° 21.223, respecto de los vehículos particulares.
  1. Instruir al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que, mediante las modificaciones reglamentarias que se requieran, se prorrogue en dos años la obligación de renovar los vehículos de los servicios de taxis colectivos de servicios urbanos, rurales e interurbanos, y del transporte escolar, cuyo plazo tuviera vencimiento durante el año 2020.

René Alinco     Diputado       

Jaime Mulet      Diputado     

Alejandra Sepúlveda Diputada           

Esteban Velásquez   Diputado